“CERREMOS LAS ESCUELAS, ENTREGUEMOS LAS TIERRAS Y VÁMONOS PA`L PUEBLO”
La educación promueve la igualdad de oportunidades y la equidad en el trato de las personas, nos obliga a pensar en la profundización de las diferencias, en los contornos sutiles de las desigualdades e inequidades. ¿Existen los contornos sutiles?, ¿o lo que existe son profundas grietas que resquebrajan cada vez más a las sociedades?....
Este país, que fuera en algún momento fundamentalmente agrario, está desde hace ya largo tiempo desagrarizándose. Los intereses en pugna descontrolan y corrompen el equilibrio del campo. La depredación de la fauna, el desmantelamiento de las riquezas forestales y últimamente, cada vez con mayor violencia, de las minerales, sumado a la desmesurada ambición por la tierra, inciden en la población rural que se ve obligada en estos últimos tiempos a abandonar sus campos en busca de oportunidades.
La provincia de Río Negro es una de las pocas provincias donde todavía existen (cada vez menos) tierras fiscales ocupadas por pequeños productores y crianceros. Gran parte de estas tierras son reclamadas por las comunidades mapuche (a las que pertenecen estos productores), que luchan por el reconocimiento de sus derechos como pueblo preexistente y por el título comunitario de su territorio ancestral. En comparación con el resto de las provincias patagónicas, Río Negro es la que cuenta con la mayor población rural de pequeños productores. Sin embargo, en lugar de recibir apoyo estatal, se ven sometidos a todo tipo de impedimentos y obstáculos que condicionan cada vez más fuertemente su permanencia en la tierra.
El Estado provincial ha dictado normas y realizado acciones que tienden a regularizar el dominio de las tierras fiscales, se están ofreciendo títulos de propiedad individuales a los ocupantes de esos campos, pagaderos en cuotas o con la entrega de una fracción de la tierra. Esta situación facilita la transferencia legal de tierras, es decir, la compra de tierras con título.
Mientras las políticas de estado en apoyo de las comunidades rurales de pequeños productores duermen cajoneadas eternamente a la espera de que quienes las necesitan pierdan la esperanza y abandonen la tierra; en sesiones maratónicas realizadas en despachos privados u oficinas públicas, con absoluta celeridad se elaboran decretos, resoluciones, permisos y se otorgan títulos de propiedad de miles de hectáreas, muchas veces habitadas por sus ocupantes originarios, a personajes o empresas de gran poder económico que no necesitan la tierra para vivir y producir en ella, sino para el ocio improductivo, para asegurarse la posesión de las fuentes de agua potable o para la explotación indiscriminada de recursos forestales o mineros.
Como no existen casualidades y todas las políticas llevadas a cabo en la provincia apuntan en una misma dirección, lo que está ocurriendo hoy con la educación rural, aparece solo como un engranaje más.
Históricamente, los vaivenes de la economía provincial y los compromisos políticos con los organismos internacionales de crédito han ido dejando su marca en la educación rural.
Ante la necesidad de conseguir créditos para otras áreas, se han aceptado e implementado sucesivos proyectos educativos, que una vez finalizada su financiación, arbitrariamente y sin evaluación ni explicación alguna, se dieron por concluidos.
En todos los casos estas famosas “experiencias piloto” provocaron, y aún siguen provocando, cada vez que se cierran, el debilitamiento de las escuelas afectadas, la destrucción de los proyectos institucionales elaborados al amparo de esas experiencias, la supresión de cargos creados para su desarrollo, el desgaste y la manipulación de los recorridos educativos de los alumnos y docentes, y de las expectativas de una educación mejor para sus hijos que las familias depositan en la escuela.
María Saleme explica de esta manera la realidad que vivimos
…“la escuela se despuebla porque no acierta con el mensaje que de ella se espera. Deserción y desgranamiento son un denominador común llamado fracaso, y tiene para los analistas (el fracaso) padre y madre, y se llaman: el medio y la escuela; y no la sucesión de proyectos con una matriz ideológica única por origen, no la arbitrariedad o irracionalidad de las propuestas curriculares con su actualización “ad hoc” para el sistema educativo. Nada de eso aparentemente es causa del fracaso que se le adjudica a la escuela.”…
Ante este panorama resulta hoy inexplicable que el gobierno provincial considere, nuevamente, el cierre de cargos en las mismas escuelas que se vieron afectadas por esta sucesión de proyectos experimentales: las escuelas rurales de los parajes vecinos a la localidad de El Bolsón, ciudad donde se registra uno de los índices de crecimiento poblacional más altos del país en los últimos años. Que se proponga la reducción de las plantas funcionales con la supresión de cargos directivos, de maestros de grado/ciclo y de maestros especiales, significa que una vez más las necesidades de caja se antepondrían a la posibilidad de sostener y mejorar la calidad del servicio educativo, equiparándolo con el de las escuelas urbanas. Esta medida supondría amontonar alumnos en sesiones fusionadas, agrandar las secciones múltiples que pasarían a atender simultáneamente siete grados en lugar de dos o tres, coartar la posibilidad de acceso a las áreas artístico expresivas y al desarrollo de la educación física, dejando a los alumnos en situación de inequidad con relación a lo que la Ley de Educación establece.
El más claro ejemplo de esta falta de coherencia de las autoridades educativas seria la propuesta de cierre del cargo de huerta y granja en algunas de estas escuelas rurales, a las cuales se les llegó a pedir una fundamentación que justifique la existencia del cargo. ¿¿¿¿????
¿Qué se pretende demostrar?
¿Qué el trabajo productivo y el autoconsumo que los pueblos originarios y la población campesina en general realizan ancestralmente como medio de supervivencia ya son cosas del pasado?
¿Será que hoy es más conveniente para el poder político asistir a una población dependiente que apoyar políticas que promuevan la producción y la permanencia de las personas en sus propias tierras?
¿Podrán sostener sus tierras los pequeños productores rurales y las comunidades mapuche que hoy resisten los embates de los grandes intereses económicos?
Asistimos hoy a un nuevo intento de precarizar el servicio educativo que prestan las escuelas rurales y no queremos ser espectadores ni cómplices de una decisión que atentaría contra la equidad y la igualdad de oportunidades que proclama la ley, desprovista de fundamentos pedagógicos, y que estaría respondiendo a intereses absolutamente ajenos a lo estrictamente educativo.
Conocemos la simpática y querida escuelita rural de personal único, trabajando allí conocimos la dura realidad que vive la población campesina, supimos compartir la soledad y el aislamiento, y, no tanto como ellos, sufrimos el olvido. Sabemos que todavía hoy muchos compañeros docentes entregan lo mejor de sí en esta tarea. Pero estamos convencidos de que ese modelo de escuelita “donde los niños aprenden a leer y escribir” es una oferta imprescindible pero mezquina que de ningún modo garantiza un cambio superador en educación.
De una vez por todas, nuestro sistema educativo debe ser consecuente con los propósitos que fundamentan su existencia y funcionamiento. Esto no se logra con decisiones políticas restrictivas y discriminatorias, sino con acciones concretas que faciliten el sostenimiento, crecimiento y desarrollo de las instituciones educativas, sea cual fuere el medio en el que estén insertas.
Comunidades educativas de Escuela Nº 118 Rincón de los Sauces, Escuela Nº 103 Costa del Río Azul, Escuela Nº 150 Tres Puentes Arriba, Escuela Nº 139 Arroyo Quemquemtreu, Escuela Nº 211 María Lucinda Quintupuray.
Este país, que fuera en algún momento fundamentalmente agrario, está desde hace ya largo tiempo desagrarizándose. Los intereses en pugna descontrolan y corrompen el equilibrio del campo. La depredación de la fauna, el desmantelamiento de las riquezas forestales y últimamente, cada vez con mayor violencia, de las minerales, sumado a la desmesurada ambición por la tierra, inciden en la población rural que se ve obligada en estos últimos tiempos a abandonar sus campos en busca de oportunidades.
La provincia de Río Negro es una de las pocas provincias donde todavía existen (cada vez menos) tierras fiscales ocupadas por pequeños productores y crianceros. Gran parte de estas tierras son reclamadas por las comunidades mapuche (a las que pertenecen estos productores), que luchan por el reconocimiento de sus derechos como pueblo preexistente y por el título comunitario de su territorio ancestral. En comparación con el resto de las provincias patagónicas, Río Negro es la que cuenta con la mayor población rural de pequeños productores. Sin embargo, en lugar de recibir apoyo estatal, se ven sometidos a todo tipo de impedimentos y obstáculos que condicionan cada vez más fuertemente su permanencia en la tierra.
El Estado provincial ha dictado normas y realizado acciones que tienden a regularizar el dominio de las tierras fiscales, se están ofreciendo títulos de propiedad individuales a los ocupantes de esos campos, pagaderos en cuotas o con la entrega de una fracción de la tierra. Esta situación facilita la transferencia legal de tierras, es decir, la compra de tierras con título.
Mientras las políticas de estado en apoyo de las comunidades rurales de pequeños productores duermen cajoneadas eternamente a la espera de que quienes las necesitan pierdan la esperanza y abandonen la tierra; en sesiones maratónicas realizadas en despachos privados u oficinas públicas, con absoluta celeridad se elaboran decretos, resoluciones, permisos y se otorgan títulos de propiedad de miles de hectáreas, muchas veces habitadas por sus ocupantes originarios, a personajes o empresas de gran poder económico que no necesitan la tierra para vivir y producir en ella, sino para el ocio improductivo, para asegurarse la posesión de las fuentes de agua potable o para la explotación indiscriminada de recursos forestales o mineros.
Como no existen casualidades y todas las políticas llevadas a cabo en la provincia apuntan en una misma dirección, lo que está ocurriendo hoy con la educación rural, aparece solo como un engranaje más.
Históricamente, los vaivenes de la economía provincial y los compromisos políticos con los organismos internacionales de crédito han ido dejando su marca en la educación rural.
Ante la necesidad de conseguir créditos para otras áreas, se han aceptado e implementado sucesivos proyectos educativos, que una vez finalizada su financiación, arbitrariamente y sin evaluación ni explicación alguna, se dieron por concluidos.
En todos los casos estas famosas “experiencias piloto” provocaron, y aún siguen provocando, cada vez que se cierran, el debilitamiento de las escuelas afectadas, la destrucción de los proyectos institucionales elaborados al amparo de esas experiencias, la supresión de cargos creados para su desarrollo, el desgaste y la manipulación de los recorridos educativos de los alumnos y docentes, y de las expectativas de una educación mejor para sus hijos que las familias depositan en la escuela.
María Saleme explica de esta manera la realidad que vivimos
…“la escuela se despuebla porque no acierta con el mensaje que de ella se espera. Deserción y desgranamiento son un denominador común llamado fracaso, y tiene para los analistas (el fracaso) padre y madre, y se llaman: el medio y la escuela; y no la sucesión de proyectos con una matriz ideológica única por origen, no la arbitrariedad o irracionalidad de las propuestas curriculares con su actualización “ad hoc” para el sistema educativo. Nada de eso aparentemente es causa del fracaso que se le adjudica a la escuela.”…
Ante este panorama resulta hoy inexplicable que el gobierno provincial considere, nuevamente, el cierre de cargos en las mismas escuelas que se vieron afectadas por esta sucesión de proyectos experimentales: las escuelas rurales de los parajes vecinos a la localidad de El Bolsón, ciudad donde se registra uno de los índices de crecimiento poblacional más altos del país en los últimos años. Que se proponga la reducción de las plantas funcionales con la supresión de cargos directivos, de maestros de grado/ciclo y de maestros especiales, significa que una vez más las necesidades de caja se antepondrían a la posibilidad de sostener y mejorar la calidad del servicio educativo, equiparándolo con el de las escuelas urbanas. Esta medida supondría amontonar alumnos en sesiones fusionadas, agrandar las secciones múltiples que pasarían a atender simultáneamente siete grados en lugar de dos o tres, coartar la posibilidad de acceso a las áreas artístico expresivas y al desarrollo de la educación física, dejando a los alumnos en situación de inequidad con relación a lo que la Ley de Educación establece.
El más claro ejemplo de esta falta de coherencia de las autoridades educativas seria la propuesta de cierre del cargo de huerta y granja en algunas de estas escuelas rurales, a las cuales se les llegó a pedir una fundamentación que justifique la existencia del cargo. ¿¿¿¿????
¿Qué se pretende demostrar?
¿Qué el trabajo productivo y el autoconsumo que los pueblos originarios y la población campesina en general realizan ancestralmente como medio de supervivencia ya son cosas del pasado?
¿Será que hoy es más conveniente para el poder político asistir a una población dependiente que apoyar políticas que promuevan la producción y la permanencia de las personas en sus propias tierras?
¿Podrán sostener sus tierras los pequeños productores rurales y las comunidades mapuche que hoy resisten los embates de los grandes intereses económicos?
Asistimos hoy a un nuevo intento de precarizar el servicio educativo que prestan las escuelas rurales y no queremos ser espectadores ni cómplices de una decisión que atentaría contra la equidad y la igualdad de oportunidades que proclama la ley, desprovista de fundamentos pedagógicos, y que estaría respondiendo a intereses absolutamente ajenos a lo estrictamente educativo.
Conocemos la simpática y querida escuelita rural de personal único, trabajando allí conocimos la dura realidad que vive la población campesina, supimos compartir la soledad y el aislamiento, y, no tanto como ellos, sufrimos el olvido. Sabemos que todavía hoy muchos compañeros docentes entregan lo mejor de sí en esta tarea. Pero estamos convencidos de que ese modelo de escuelita “donde los niños aprenden a leer y escribir” es una oferta imprescindible pero mezquina que de ningún modo garantiza un cambio superador en educación.
De una vez por todas, nuestro sistema educativo debe ser consecuente con los propósitos que fundamentan su existencia y funcionamiento. Esto no se logra con decisiones políticas restrictivas y discriminatorias, sino con acciones concretas que faciliten el sostenimiento, crecimiento y desarrollo de las instituciones educativas, sea cual fuere el medio en el que estén insertas.
Comunidades educativas de Escuela Nº 118 Rincón de los Sauces, Escuela Nº 103 Costa del Río Azul, Escuela Nº 150 Tres Puentes Arriba, Escuela Nº 139 Arroyo Quemquemtreu, Escuela Nº 211 María Lucinda Quintupuray.
No hay comentarios:
Publicar un comentario